Las clínicas dentales no tendrán que aplicar las restricciones de temperatura que establece el Real Decreto de medidas de sostenibilidad económica

Las clínicas dentales no tendrán que aplicar las restricciones de temperatura que establece el Real Decreto de medidas de sostenibilidad económica
Las clínicas dentales quedan exentas de aplicar las restricciones de temperatura que establece el Real decreto ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas en el estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
El mismo Real Decreto concreta que la limitación de temperatura no será obligatorio de aplicar en las clínicas dentales porque estos espacios, que son centros sanitarios, tienen un carácter principalmente quirúrgico, requiriendo la utilización de equipos de protección personal, es decir, bata desechable, mascarilla FFP2, guantes, pantalla de protección ocular, etc., y dónde además se utilizan muchos aparatos rotatorios, hecho que supone un aumento de la temperatura corporal del profesional sanitario.

Las medidas también establecen la obligación de tener sistemas de cierre de puertas, pero solo tienen la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado los mismos edificios y locales donde haya la limitación de la temperatura. Por lo tanto, no es el caso de las clínicas dentales.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto, las clínicas dentales también tienen que dejar apagadas todas las luces, incluyendo la del letrero indicador, a partir de las 22 horas. Los únicos casos que quedan excluidos de hacerlo son las farmacias de guardia, por razones de emergencia, los cajeros bancarios abiertos, por razón de seguridad de los clientes, y los edificios públicos si hay personas en el interior.

Otros espacios que no tienen que aplicar los 27 °C como temperatura mínima en verano y los 19 °C como la máxima en invierno son los centros de formación como escuelas, universidades y guarderías, las peluquerías, las lavanderías, los gimnasios y los medios de transporte en sí: trenes, aviones, barcos…

La medida ha entrado en vigor siete días después de haberse publicado al BOE, es decir, este martes 9 de agosto y estará en vigor hasta el 1 de noviembre del 2023. Los negocios y sectores afectados son tiendas, supermercados, centros comerciales, centros culturales e infraestructuras destinadas al transporte de personas (estaciones y aeropuertos), entre otros.