La justicia paraliza la iniciativa del “dentista municipal” de Barcelona

  • La magistrada estima la petición del COEC y suspende los acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona ante la posible falta de competencia

  • El consistorio tiene ahora la opción de interponer recurso de apelación contra esta decisión

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Barcelona ha adoptado como medida cautelar la suspensión del acuerdo del Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de 29 de marzo de 2019, dirigido al desarrollo del proyecto consistente en la prestación de servicios odontológicos por medio de la empresa pública Barcelona Serveis Municipals S.A., tal y como había solicitado el COEC, en lo que supone una etapa más del conflicto entre ambas instituciones.

Cuando el Ayuntamiento de Barcelona anunció su intención de crear un servicio municipal odontológico, desde el COEC se enfrentaron desde el principio a esta iniciativa. Y lo hicieron basándose en la concatenación de irregularidades que este proceso acumulaba, considerándolo además una medida oportunista y populista que desconocía por completo la realidad legislativa en nuestro país y que suponía una infracción total y absoluta del procedimiento administrativo.

“El COEC defiende que la odontología ha de tener una mejor financiación pública, pero esto se tiene que hacer a través de los cauces adecuados que garanticen una adecuada prestación de los servicios. Y esto es competencia de la Generalitat, que es quien debe poner los medios económicos y humanos precisos para ampliar la cartera de servicios odontológicos públicos”, señaló el Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC.

Entre otras cosas, desde el COEC se opusieron a esta creación del “dentista municipal” porque el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencia para ofrecer este tipo de servicios, y además, la utilización de la empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM), a través de la cual pretendían ejercer esta actividad, suponía un fraude de ley debido a la inexistencia de la forma jurídica correspondiente para prestar los servicios odontológicos en régimen de libre competencia.

Así mismo, este “dentista municipal” suponía la creación de una cartera de servicios odontológicos que ya están incluidos en el sistema sanitario público, produciéndose de esta forma una duplicidad de los servicios prestados. El proyecto que el Ayuntamiento de Barcelona plantea tiene un teórico objetivo de dar servicio a la población en riesgo de exclusión social. Pero con los precios propuestos, tampoco podrán acceder a los servicios, pues las tarifas establecidas no tienen un carácter social ni son más económicas que las de otras clínicas existentes. No son precios más económicos, sino precios de mercado”, añadió el Dr. Antoni Gómez.

Además, se vulneraba el carácter universal de la sanidad, consolidando una desigualdad entre los diferentes municipios de Cataluña respecto a los servicios que se prestan. La falta de competencias municipales en este sentido, así como la inexistencia de un informe vinculante necesario de la Generalitat, se sumaban a las infracciones cometidas en el procedimiento administrativo.

Todo esto fue lo que motivó al COEC a presentar toda una serie de alegaciones una vez que se abrió el trámite de información pública. El 29 de marzo, sin embargo, y tras desestimar todas las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento de Barcelona tomaba el acuerdo de crear el “dentista municipal”. Esta decisión fue la que acabó obligando al COEC a presentar un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de suspender de forma cautelar el acuerdo, considerando el perjuicio que causaría a futuros pacientes que en sentencia se declarara ilegal la creación de este nuevo servicio. Una solicitud que ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Barcelona ha estimado oportuno.

En todo este proceso, el COEC se ha visto respaldado en todo momento al 100% por el Consejo General de Dentistas, a través de su presidente, el Dr. Óscar Castro, que consideró que la iniciativa de Barcelona no era verdadera solidaridad, puesto que los pacientes tendrían que pagar por los tratamientos, y que ahora, tras esta medida cautelar, se muestra satisfecho, al igual que el Dr. Antoni Gómez.

“Estamos satisfechos de que se haya tenido en cuenta esta petición. Pero todavía no ha acabado y hemos de esperar ahora la resolución del recurso presentado, que confiamos también nos de la razón”, explicó el Dr. Antoni Gómez, quien además señaló como el COEC colabora con los sectores más desfavorecidos de la sociedad para mejorar su salud bucodental, cuando el sistema público no les puede dar cobertura. “Solo hay que recordar la iniciativa y mantenimiento de la Clínica Odontológica Solidaria del COEC, donde las personas con peor situación económica son atendidas y tratadas por dentistas voluntarios de forma gratuita. Poner en marcha una clínica municipal gestionada por una empresa ajena al sector odontológico con el reclamo de ser un servicio social para los más necesitados es un auténtico despropósito, finalizó.